Contrato previo a la Ley de Contratos del Sector Público. Normativa de aplicación: material o procedimental
El interés por el blackjack online en vivo España 2026 sigue creciendo gracias a la evolución de los casinos digitales y la mejora en la experiencia de juego en directo. Cada vez más usuarios buscan plataformas seguras, con crupieres reales y opciones de apuesta adaptadas al mercado español. Esta tendencia ha impulsado guías completas que ayudan a elegir los mejores casinos y a jugar de forma informada.
El crecimiento del juego de casino en vivo ha impulsado el interés por los casinos de baccarat en vivo en España 2026, donde los jugadores buscan operadores seguros y con experiencias en tiempo real de alta calidad. Este tipo de plataformas destaca por ofrecer mesas con crupieres en directo, variedad de apuestas y una selección cada vez más competitiva de proveedores regulados.
Si quieres entender cómo está evolucionando el juego online en España, esta guía sobre casinos de criptomonedas anónimos 2026 en España guía completa ofrece una visión actualizada del marco regulatorio y las tendencias de privacidad. Analiza cómo funcionan los casinos sin verificación y qué implicaciones tienen para los usuarios que buscan operar con mayor discreción en 2026.
Si estás buscando información actualizada sobre el juego online regulado, esta casinos con depósito de 1€, 5€, 10€ y 20€ en España 2026 ofrece una visión completa de las opciones disponibles para distintos presupuestos. El contenido analiza cómo funcionan estos límites de ingreso y qué implicaciones tiene la normativa vigente para los jugadores en el mercado español.
Si buscas opciones de juego accesibles, en esta guía sobre casinos con depósito mínimo en España 2026 encontrarás un análisis actualizado de plataformas que permiten empezar a jugar con importes muy bajos, entre 1 y 20 euros. Este tipo de casinos online se han convertido en una alternativa popular para quienes quieren probar juegos de azar con menor inversión inicial y mayor control del presupuesto.
Para quienes prefieren explorar opciones antes de crear una cuenta, los juegos de casino gratis sin registro permiten conocer diferentes títulos de forma sencilla. La guía reúne alternativas disponibles en España y explica qué aspectos conviene revisar antes de jugar.
Neosurf se ha convertido en una alternativa interesante para quienes buscan métodos de pago sencillos en plataformas de juego. Esta selección de los mejores casinos online que aceptan Neosurf compara opciones, características y condiciones relevantes para los jugadores.
El juego desde el móvil sigue ganando protagonismo gracias a plataformas cada vez más optimizadas para smartphones. La guía sobre la mejor app de casino para ganar dinero real analiza aplicaciones, facilidad de uso y funciones pensadas para jugar con dinero real.
El porcentaje de retorno y la mecánica de cada título pueden marcar diferencias importantes a la hora de elegir dónde jugar. Esta guía de juegos de casino online que más pagan repasa opciones destacadas y explica cómo interpretar el RTP y otros factores relevantes.
Paysafecard continúa siendo una opción popular para realizar depósitos sin utilizar directamente una tarjeta bancaria. En esta comparativa de los mejores casinos que aceptan Paysafecard se analizan plataformas disponibles para jugadores en España y sus principales características.
La variedad de slots, los proveedores disponibles y las funciones adicionales son aspectos clave para comparar plataformas especializadas. La selección de los mejores casinos de tragaperras online reúne alternativas destacadas en España y facilita la comparación entre sus catálogos.
Las mesas con crupieres reales ofrecen una experiencia diferente a la de los juegos completamente automatizados. Esta guía de los mejores casinos en vivo en España compara mesas, variedad de juegos y características de las principales plataformas de casino en directo.
Los aficionados a las slots suelen valorar tanto la variedad del catálogo como los proveedores y las características de cada juego. La guía de los mejores casinos de tragamonedas online presenta una selección de plataformas y criterios útiles para compararlas.
Elegir una slot no depende únicamente de su diseño, sino también de factores como el RTP, la volatilidad y sus funciones especiales. Esta selección de las mejores slots online en España ayuda a comparar juegos y operadores teniendo en cuenta características relevantes para el usuario.
Revolut es una herramienta financiera cada vez más utilizada para gestionar pagos digitales y controlar los movimientos desde el móvil. La comparativa de los mejores casinos online que aceptan Revolut analiza plataformas disponibles en España y las condiciones asociadas a este método de pago.
Los jugadores que comparan plataformas extranjeras suelen prestar atención a aspectos como licencias, métodos de pago, catálogo y condiciones de retirada. Esta guía de los mejores casinos internacionales online reúne información útil para valorar distintas alternativas accesibles desde España.
La seguridad, la transparencia de las condiciones y la reputación del operador son factores fundamentales al comparar plataformas de juego. La selección de los mejores casinos online confiables en España analiza estos criterios y facilita la búsqueda de opciones con características claras.
Mastercard sigue siendo uno de los métodos de pago más habituales para realizar depósitos en plataformas online. Esta guía de casinos online que aceptan Mastercard en España compara distintas alternativas y explica los principales aspectos relacionados con pagos y condiciones de uso.
Las promociones de bienvenida sin ingreso inicial llaman la atención de quienes quieren conocer una plataforma antes de realizar un depósito. La guía de los mejores casinos online en España con bono sin depósito compara ofertas y señala las condiciones que conviene revisar antes de utilizarlas.
Las tarjetas bancarias continúan siendo uno de los sistemas más utilizados para efectuar depósitos de forma directa. En esta selección de los mejores casinos online con tarjetas de crédito en España se comparan plataformas, métodos admitidos y aspectos importantes relacionados con los pagos.
Si quieres comparar títulos populares por retorno teórico, proveedores y disponibilidad legal, esta guía sobre los mejores slots online en España 2026 reúne los aspectos esenciales antes de jugar. También permite revisar el RTP y las características de los casinos legales que ofrecen estas tragamonedas.
Para quienes prefieren utilizar tarjetas bancarias en sus operaciones, la selección de casinos online que aceptan Mastercard explica qué opciones existen en España y qué factores conviene comprobar. La guía presta especial atención a la seguridad de los pagos, los depósitos y las retiradas.
Los usuarios que buscan pagos bancarios rápidos pueden consultar esta comparativa de los mejores casinos online que aceptan Trustly en España. El contenido analiza la seguridad del método, la velocidad de las retiradas y los principales criterios para elegir una plataforma.
Las promociones con giros gratuitos suelen incluir condiciones que merece la pena revisar antes de utilizarlas. Esta guía sobre casino con 50 tiradas gratis sin depósito en España explica cómo funcionan estas ofertas y qué requisitos pueden acompañarlas.
Empezar con una cantidad reducida puede resultar útil para quienes desean controlar mejor su presupuesto de juego. Esta selección de casino con ingreso mínimo de 5 euros en España repasa operadores, condiciones de depósito y aspectos básicos que conviene comprobar antes de registrarse.
Las promociones de giros sin ingreso inicial pueden variar bastante entre operadores, especialmente en requisitos de apuesta y juegos compatibles. En esta guía de mejores tiradas gratis sin depósito en casino online se comparan las características más importantes para valorar este tipo de ofertas.
La velocidad de cobro es uno de los criterios que más pesan al elegir una plataforma de juego. Esta comparativa de casinos online que pagan rápido en España analiza los tiempos de retirada, los métodos disponibles y las condiciones que pueden influir en el procesamiento de los pagos.
La licencia, la protección de datos y la transparencia de los pagos son elementos fundamentales al evaluar cualquier operador. Esta guía de casinos online seguros y fiables en España reúne criterios prácticos para identificar plataformas con mejores garantías de seguridad.
Un depósito inicial reducido permite probar una plataforma sin comprometer una cantidad elevada desde el principio. En esta guía de casino con ingreso mínimo de 5 euros en España se revisan las opciones disponibles, los métodos de pago y las condiciones asociadas a este límite de entrada.
Quienes buscan comenzar con cantidades especialmente pequeñas pueden revisar esta selección de casino con depósito mínimo de 1 euro en España. La guía compara operadores y explica qué condiciones, métodos de pago y límites conviene verificar antes de realizar el primer depósito.
La disposición transitoria primera de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, al igual que la misma disposición de las normas precedentes, determina la normativa a aplicar a los expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.
Antes de entrar en materia, señalar que las normas en materia de contratación administrativa tienen el carácter de derecho necesario, no resultan disponibles para las partes en virtud de la libertad de pactos y acuerdos, siguiendo la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2022.
Dicen los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria primera:
«1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior«.
Sobre esta cuestión, fundamentalmente sobre la aplicación del apartado segundo transcrito, me referí en la siguiente entrada:
Disposición transitoria primera de la Ley de Contratos del Sector Público. Normativa aplicable
En esa entrada analizaba la normativa que resultaba de aplicación a los contratos cuyos expedientes de contratación se iniciaron antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2017.
Ahora bien, es necesario distinguir la normativa material o sustantiva de la normativa procedimental
Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 se regirán, en cuanto a la normativa material, por la normativa anterior.
En relación al procedimiento, a la norma que regula el procedimiento a seguir en un determinado expediente contractual, de acuerdo con el principio tempus regit actum, habrá de estarse a lo que disponga la normativa en cada momento vigente, actualmente a la Ley 9/2017 de contratos del sector público.
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2024
El Tribunal Supremo en la sentencia de 11 de julio de 2024, ECLI:ES:TS:2024:3859, analiza en interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia:
«determinar, en relación a la declaración de caducidad del procedimiento de resolución contractual de un contrato sujeto a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, incoado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está sujeto a los plazos de tramitación señalados en dicha Ley 39/2015; y, si en tal caso, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la referida Ley 39/2015, resulta de aplicación el plazo de ocho meses de tramitación especial de este tipo de procedimientos regulado en el artículo 212.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público».
La Comunidad de Madrid impugna la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que estimó el recurso interpuesto contra la resolución de un contrato, por apreciar la caducidad del procedimiento de resolución.
Dice el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid:
«TERCERO .- La primera cuestión a resolver es la de la caducidad del procedimiento de resolución contractual.
La mercantil recurrente alega que el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de resolución de contrato iniciado de oficio era de tres meses, en aplicación de la regla subsidiaria del artículo 21.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, transcurrido el cual, si no ha existido suspensión del procedimiento para la solicitud de informes preceptivos y determinantes del contenido de la resolución, se producirá su caducidad ex artículo 25.1.b) de dicha Ley; y en el presente caso el inicio del expediente administrativo de resolución contractual tuvo lugar el 17/09/2.018, por lo que, consecuentemente, habría caducado el 18/12/2.018, pues durante dicho período no consta la suspensión del procedimiento para recabar informes, sino que la suspensión fue posterior a dicho período.
Frente a ello la demandada Comunidad de Madrid opone que resulta aplicable la Ley 9/2.017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2.014/23/UE y 2.014/24/UE, de 26 de Febrero de 2.014, y conforme al artículo 212.1 los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses, por lo que no se ha producido la caducidad planteada.
La solución pasa por determinar la normativa aplicable al caso, que ha de ser la vigente a la fecha de formalización del contrato de referencia, a la que debe someterse el mismo y todas sus incidencias, pues en otro caso podrían producirse divergencias formales y sustantivas como consecuencia de la sucesión de normas a lo largo de todo el procedimiento contractual y de la distinta regulación sobre sus distintos aspectos, lo que atentaría al principio de seguridad jurídica.
Desde este punto de partida coincidimos con la recurrente de que el expediente de resolución de contrato debió ser tramitado de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2.011 de 14 de Noviembre, vigente a la fecha de 23/06/2.017 de la formalización del contrato, y ello además de un lado porque en la cláusula 53 «causas de resolución de los contratos derivados» del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el Acuerdo Marco del que deriva el contrato, expresamente se indica que será la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público de 2.011 la que haya de aplicarse en caso de resolución contractual; y de otro lado porque la Ley 9/2.017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, en su disposición transitoria primera sobre «Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley», que se produjo el 9 de Marzo de 2.018, determina, en lo que ahora interesa: «1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos. 2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior».
Pues bien, sobre esta base procedía aplicar efectivamente, como invoca la mercantil actora, el plazo máximo de tres meses en orden a la resolución del contrato y su consiguiente notificación a la parte interesada de conformidad con la normativa general del artículo 21.3 de la Ley 39/2.015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con los efectos de la caducidad y archivo de las actuaciones que disponen los artículos 25.1.b) y 95.1 del mismo texto legal por el transcurso de aquel plazo sin la finalización del procedimiento de resolución contractual, lo que ha acontecido en el caso enjuiciado desde la fecha de 17/09/2.018 de inicio del procedimiento, al haberse dictado la resolución del contrato el 26/06/2.019, sin que afecte la suspensión producida entre el 25/04/2.019 y el 20/06/2.019 en orden al informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid ( artículo 22.1.d de la Ley 39/2.015), que se emitió el 13/06/2.019 cuando el plazo de tres meses para la resolución del procedimiento había ya vencido. […]
En definitiva, debe estimarse el presente recurso contencioso a los efectos de declarar la caducidad del procedimiento de resolución contractual finalizado con la orden impugnada, lo que conlleva la anulación íntegra de la misma, y hace innecesario entrar a conocer del resto de los motivos de impugnación referidos a la fundamentación de la orden al devenir carente de validez y eficacia por la caducidad procedimental».
La Sala de instancia aplica el plazo de caducidad genérico de tres meses establecido en el artículo 21.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el silencio de la legislación de contratación pública vigente en 2011 para el procedimiento de resolución de contratos (texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).
Considera la Sala que el texto vigente en 2011 sería aplicable al contrato litigioso, firmado el 23 de junio de 2017.
La cuestión es si ha de resultar aplicable el Real Decreto Legislativo 3/2011 también al procedimiento de resolución contractual
Las causas de resolución del contrato son las de la normativa de 2011, pero la cuestión que se debate no es esa, sino la regulación del propio procedimiento de resolución, sea cual se1a la causa que determine la incoación del mismo.
Dice el Tribunal Supremo que rige la jurisprudencia consolidada de que, en principio y salvo norma expresa en contra, las normas que rigen un procedimiento son las vigentes en el propio momento en que éste se aplica
El procedimiento de resolución de un contrato es un procedimiento autónomo, y aunque las causas materiales de resolución se rijan de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos públicos vigentes en el momento de su convocatoria de adjudicación, dicho procedimiento está sujeto a las normas vigentes en el momento en que se incoa.
Por tanto, señala el Tribunal Supremo que el procedimiento de resolución contractual se inicia el 17 de septiembre de 2018, fecha en que ya se encontraba en vigor la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, quedando sometido a esta regulación y al plazo de caducidad de 8 meses que prevé su artículo 212.8.
Y responde el Tribunal Supremo a la pregunta de interés casacional:
«De acuerdo con lo expuesto, hemos de responder a la cuestión de interés casacional formulada en el auto de admisión de esta Sala que el procedimiento de resolución de los contratos públicos está sometido a las normas vigentes en el momento en que se tramita dicho procedimiento. Por ello, en el caso de autos, el procedimiento de resolución incoado el 17 de septiembre de 2018 está sometido a la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 y al plazo de caducidad previsto en la misma, pese a que el contrato se adjudicó antes de la entrada en vigor de la citada ley».
Consideraciones finales
Estando de acuerdo con el Tribunal Supremo en relación a que la normativa procedimental es la vigente en cada momento, en el momento que se desarrolle dicho procedimiento, pero considero que yerra al señalar que el plazo de caducidad es el de 8 meses.
Como señalo en la siguiente entrada, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional dicho plazo de 8 meses, considerándolo no aplicable a las Comunidades Autónomas (como el caso enjuiciado) y las Corporaciones Locales.
¿Existe un plazo para resolver el contrato o se considera un incidente más de su ejecución?
Dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 68/2021:
«No se precisa pronunciar su nulidad, dado que la consecuencia de aquella declaración es solamente la de que no será aplicable a los contratos suscritos por las administraciones de las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las entidades vinculadas a unas y otras [ SSTC 50/1999, FFJJ 7 y 8, y 55/2018, FFJJ 7 b) y c)]».
La declaración de inconstitucional y su falta de aplicación a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales tiene efectos ex tunc.
De modo que, a falta de previsión legal específica, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015:
«Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses«.
